El mundo está pasando por momentos difíciles. Enfrentamos la peor pandemia que cualquiera haya experimentado. Son momentos de zozobra, tristeza, incertidumbre y crisis médica y económica; pero también la humanidad está demostrando que puede trabajar unida con solidaridad, compromiso, inteligencia y sobre todo con un sentido de hermandad frente a un enemigo común.
Estos valores son los que hoy queremos resaltar y transmitir a todo nuestro equipo de colaboradores y clientes.
Algunos sectores ven con pesimismo la economía nacional, por cuenta de la baja dinámica del crecimiento, el aumento del desempleo, la volatilidad del dólar y la polarización política. Pero otros vienen moviéndose con un interesante dinamismo.
Todas las decisiones importantes del país, tanto del sector público como del privado, necesitan de un concepto jurídico. Se trata de compras y fusiones de compañías, grandes negocios y estructuraciones financieras, litigios y controversias en los campos privado y público, todo enmarcado en el poder de las altas cortes que definen el camino a seguir. Este panorama le ha dado a la industria legal un impulso sin precedentes en los últimos años.
Hoy fondos extranjeros invierten sumas millonarias en empresas colombianas. Surgen nuevos frentes de negocio, adquisiciones en sectores energéticos e hidrocarburos y grandes proyectos de infraestructura. Todo ello muestra nuevas dinámicas en las cuales los servicios legales desarrollan un papel preponderante.
Por otro lado, el país ha presenciado hitos en fallos de tribunales nacionales e internacionales frente a controversias millonarias como el pleito en la Ruta del Sol II entre la Nación y el consorcio compuesto por Odebrecht, Corficolombiana y el grupo Solarte. O el reciente fallo en el litigio internacional con la minera Glencore por el contrato para explotar carbón en la mina Calenturitas.
Estos dos ejemplos permiten confirmar el gran movimiento que ha adquirido el ecosistema jurídico del país. Según datos aportados por la Cámara de Servicios Legales de la Andi, Colombia cuenta con más de 550 firmas que en 2018 generaron ingresos operativos por $2,19 billones. Cifra que muestra un crecimiento significativo, al compararla con los resultados de 2017, cuando los ingresos estuvieron por el orden de $1,5 billones.
Esta industria está segmentada en varios grupos. En el primero se encuentran las llamadas ‘Big four’ –Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG, y Ernst & Young (EY)– grandes empresas de auditoría y consultoría con presencia a nivel global. Ofrecen múltiples servicios, entre ellos los legales.
Conforman el otro grupo grandes firmas full service de reconocida trayectoria como Brigard Urrutia, Baker McKenzie, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), Posse Herrera Ruiz, Gómez Pinzón, entre otras. Estas concentran 50% de los ingresos y lideran algunas de las movidas legales más importantes en el país, sobre todo en temas de fusiones y adquisiciones.
Otro segmento muy influyente incluye a las firmas especializadas o boutique, que trabajan áreas de práctica específicas. Belisario, Godoy Córdoba, Chapman & Asociados y López & Asociados son algunas de ellas. Según cifras de la Cámara de Servicios Legales, este tipo de firmas aportan 28% de la facturación. El porcentaje restante (22%) corresponde a otros servicios legales y de apoyo.
A pesar de que cerca de 90% de las firmas son nacionales, una buena porción de bufetes internacionales ha aterrizado en el país por medio de alianzas, asociaciones o fusiones. Los ingresos de firmas colombianas equivalen a 87%, mientras las internacionales con presencia en el país representan 13%. Este sería el caso, por ejemplo, Baker McKenzie, DLA Piper Martínez Beltrán, Dentons Cárdenas y Cárdenas, CMS Rodríguez Azuero, o, bajo otro modelo, Garrigues y Holland and Knight.
En cuanto a ubicación, 90% de las oficinas están concentradas en Bogotá. Pero hay un movimiento importante en otras ciudades del país, en especial en algunas con gran presencia empresarial como Cali (2%) y Medellín (5%). Ciudades como Barranquilla (1%) y Bucaramanga (2%) son un mercado potencial y están en la mira de las grandes firmas, por el crecimiento económico que han tenido en los últimos años. Así mismo, las grandes firmas del país apuestan por abrir oficinas en otras ciudades en un intento por captar más clientes.
A pesar de las tensiones económicas y políticas del país –o precisamente por eso–, en materia legal hay un futuro prometedor. Desde la óptica de los negocios y las operaciones empresariales, muchos no lograron concretarse por incertidumbres jurídicas y en algunos casos tributarias, pero la posibilidad de nuevos desarrollos de negocios aumenta.
Por ejemplo, en el campo de la infraestructura. El fallo del tribunal de arbitramento de la concesión de Ruta del Sol II dejó un sinsabor en los bancos y podría demorar algunos cierres financieros de proyectos de Cuarta Generación (4G). Pero analistas consideran que viene una ola de ventas de segundo mercado; es decir, proyectos que ya están adjudicados y en marcha que podrían tener nuevos socios. Tampoco se descarta que avancen cierres financieros de 4G y una dinámica adicional en el desarrollo de iniciativas privadas.
De otro lado, está en diseño la estrategia de venta de activos de la Nación, cuyo apoyo legal ya se empieza a vislumbrar. Posse Herrera Ruíz se quedó con la estructuración jurídica de la operación de venta del 51% que tiene la Nación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). Y falta definir qué pasa con las posibles ventas de Ecopetrol, Cenit y de cómo se conforma la poderosa holding financiera de instituciones estatales. Además, también tendrán desarrollo e implicaciones las reformas del Gobierno, por ejemplo, en cuanto al Mercado de Valores o las regalías.
Por otro lado, los litigios y, en especial, los arbitrajes de inversión también van a estar a la orden del día en tribunales nacionales e internacionales, para resolver varios procesos activos contra la Nación. En algunos, como el de Gas Natural Fenosa con la operación de Electricaribe, están en juego $5,1 billones de pesos. O el de América Móvil, que tiene pretensiones superiores a $3 billones, o hasta el mismo de Odebrecht, por $3,8 billones de pesos.
El caso de Electricaribe no solo cubre una agenda en la demanda internacional que cursa. También en la definición del Gobierno sobre los nuevos operadores que atenderán ese mercado.
En el derecho de la competencia, las disputas continúan y cobran cada vez mayor relevancia por casos de colusión en licitaciones públicas y carteles empresariales. El país está a la expectativa de dos importantes fallos de investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Se trata de Ruta del Sol II, contrato que ordenó liquidar en una medida cautelar y en cuya concesión participaron Odebrecht, Corficolombiana y el grupo Solarte. Por otro lado, la supuesta colusión en el contrato del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot. Esto, sumado a pesquisas sobre nuevos carteles, como el recién anunciado de los tubos, y a definiciones en sectores como el de giros.
Así mismo, el país espera decisiones trascendentales para el futuro que tienen en sus manos las altas cortes. Allí sobresalen las demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Financiamiento, al Plan Nacional de Desarrollo y a la Ley TIC, que pasaron por el Congreso. También, al cierre de esta edición crecía la expectativa sobre lo que decidan el Consejo de Estado acerca del fracking, y la Corte Constitucional sobre el decreto conocido como la línea negra que protege sitios sagrados de los indígenas en la Costa Caribe, mientras amenaza el desarrollo inmobiliario y hasta el energético. Sin duda, marcarán la agenda de la industria legal colombiana y tendrán grandes repercusiones, especialmente en las áreas tributarias, de fusiones y adquisiciones y de inversión.
También tendrá protagonismo la movida de los nuevos modelos de negocio. Nuevos nichos como el cannabis, las fintech y el auge de las plataformas digitales como Rappi, Uber y muchas más, representan un desafío para el sector legal y para el Gobierno. En efecto, las regulaciones no van a la misma velocidad que el desarrollo de los negocios.
Colombia además le apuesta a reformas y ajustes en materia legal, en especial en los compromisos adquiridos con el ingreso a la Ocde. También en materia de comercio exterior habrá que ver hacia dónde avanza la discusión con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, qué impactos tendrá en Colombia y cual estrategia legal servirá para responder mejor a cualquier amenaza o para aprovechar una oportunidad.
Todo esto sumado a una gran preocupación por la seguridad jurídica y la corrupción, que día a día pone en juego al país. Las decisiones, no solo judiciales, sino también administrativas, la diferencia en criterios de interpretación de las entidades de control y vigilancia, así como la dispersión normativa y territorial, hacen tambalear el sistema de administración de justicia.
Los abogados piden reglas de juego claras, con mano dura contra la corrupción, que además debe involucrar a las facultades de derecho del país, para graduar abogados calificados y éticos. En las próximas páginas, una radiografía del panorama nacional y de los negocios de los juristas en Colombia.
Ficha Técnica
Artículo tomado de de Revista Dinero
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